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Cada 24 de marzo conmemoramos a las víctimas del terrorismo de Estado ocurrido en Argentina entre 1976 y 1983. El lema “memoria, verdad y justicia” se ha instalado en la cultura argentina como símbolo de la lucha contra uno de los actos más crueles de nuestra historia.

Durante el terrorismo de Estado, para garantizar el ejercicio conjunto del poder, las Fuerzas Armadas se repartieron el 33% del control para cada una de las distintas jurisdicciones e instituciones estatales y el país fue dividido en zonas, subzonas y áreas en coincidencia con los comandos del Cuerpo del Ejército, lo que implicó la organización y división de la responsabilidad en la tarea represiva.

El ámbito de la Subzona militar 1.4 se correspondía con el territorio de la provincia de La Pampa. Los centros clandestinos de detención funcionaron en las comisarías Primera y Segunda, la Brigada de Investigaciones y la Jefatura de Policía de Santa Rosa; la Delegación Local de la Policía Federal Argentina; la Comisaría Primera de General Pico; la Comisaría y el Puesto Caminero de Jacinto Aráuz; la Comisaría de Catriló; el Destacamento de Exploración y Caballería Blindada 101 del Ejército y las unidades carcelarias 4 y 13 del Servicio Penitenciario Federal. El Informe 14. La Represión ilegal en La Pampa (1975-1983) data el terrorismo de Estado en territorio pampeano y sobre ciudadanas y ciudadanos de nuestra provincia.

Además, durante los tiempos de la dictadura cívico militar, la vida institucional de la UNLPam se vio gravemente afectada, en particular, a través de la persecución, represión, detención y alejamiento forzado de docentes, no docentes y estudiantes; del fomento de la despolitización y el control ideológico de los conocimientos impartidos, censuras y prohibiciones sobre planes de estudio y bibliografías.

Con la vuelta a la democracia, se produjo una disputa discursiva respecto de los hechos acontecidos. Sin embargo, existe una verdad consolidada: durante la dictadura se cometieron violaciones sistemáticas a los derechos humanos y, en ese contexto, La Pampa no “fue una isla”

De esta manera, con la vuelta al Estado de Derecho, se determinó que la verdad es un derecho, no solo de las víctimas y sus familiares, sino de la sociedad en general, para conocer lo ocurrido y no volver a cometerlo en el futuro. En Argentina, este derecho fue efectivizado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) y por los Juicios de la Verdad. Cabe resaltar, además, que la actuación de las organizaciones de derechos humanos fue y continúa siendo fundamental en la construcción de la memoria y la lucha por la obtención de justicia.

Una vez conocidos los hechos, juzgar a los responsables no fue tarea fácil. Para ello se requirió poner en marcha la justicia transicional, que tiene como objetivo el reconocimiento de la dignidad de los individuos, la reparación y la admisión de las violaciones de derechos, y el objetivo de impedir que se repitan.

En el siguiente video, Fabián Salvioli,   Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de no Repetición, habla de los desafíos actuales de la Justicia Transicional enfocada en el derecho de las víctimas.

Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=Gikh4pXWCUM

 

En el caso de Argentina, la justicia transicional ha tenido diferentes avances y retrocesos. El Juicio a las Juntas, en 1985, puso de manifiesto la necesidad de que los militares sean juzgados por la justicia civil y no por la militar. Pero con la sanción de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y los decretos de indulto se garantizó la impunidad de los responsables y se vulneró el derecho a la justicia.

Finalmente, tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina declararon la incompatibilidad de las leyes de impunidad con la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y establecieron la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. Con un cambio en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a partir de 2005 comenzaron nuevamente los juicios contra los represores.

En la provincia de La Pampa, El 2 de agosto de 2010 comenzó el primer juicio de la Subzona 1.4, que fue declarado de interés social, académico e institucional por el Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Pampa mediante Resolución N°003/2010.

Con posterioridad, y en reconocimiento de la afectación que ha tenido la Universidad durante la dictadura y el rol clave en la construcción de memoria, búsqueda de verdad y obtención de justicia, la Universidad Nacional de La Pampa se presentó como querellante en los juicios de la Subzona 1.4, decisión que fue adoptada mediante Resolución N° 034/2013-CS asumiendo el compromiso de construir su propia memoria y de aportar a la pretendida justicia y verdad.

En el siguiente video, el Abogado patrocinante, Dr. Franco Catalani, habla la posición de la Universidad Nacional de La Pampa en los juicios de la subzona 1.4.  

Disponible en: https://youtu.be/3p5fKObuie4

Finalmente, con el inicio de los juicios de la Subzona 1.4 II en junio de 2018, la Universidad Nacional de La Pampa reforzó su compromiso con la defensa de los derechos humanos, reconoció de interés institucional la asistencia a las audiencias por parte de la comunidad universitaria por Res. 271-17-CS. Asimismo, creó el programa “La UNLPam y el proceso de memoria, verdad y justicia” por el que se produjeron diversos contenidos audiovisuales con la finalidad de promover una reflexión crítica de los estudiantes en relación a los hechos acaecidos durante la última dictadura cívico militar respecto de los miembros de la comunidad universitaria.

En el siguiente enlace se muestra una síntesis del juicio Subzona 1.4 II y el rol de la Universidad Nacional de La Pampa en la construcción de memoria contra la impunidad.  

Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=zLhwR5yKT_I

Asimismo, quienes lo deseen, pueden acceder al Video de la lectura de la sentencia del juicio de la Subzona 1.4 II, del pasado 16 de agosto de 2019.

 

La violación sistemática de Derechos Humanos durante la dictadura cívico militar argentina es una verdad incuestionable. El rol de las organizaciones de derechos humanos para poner en marcha la justicia transicional argentina ha sido y continúa siendo clave para sancionar a los responsables.

Desde la UNLPam creemos que la memoria, como construcción colectiva, no solo sirve de garantía de no repetición de los hechos recordados, sino que cumple un rol fundamental en la construcción de sociedades democráticas, al ser latente contrapeso de los discursos regresivos en materia de derechos humanos, enseñando las consecuencias irreparables de la sustitución del Estado de Derecho por la aplicación de la violencia ilegal por quienes ejercen el poder del Estado.

La Universidad Nacional de La Pampa ha asumido un rol fundamental en la construcción de la memoria y en ese sentido, se reunió material documental y testimonial diverso que se utilizó para realizar el Repositorio de la Memoria de la Universidad, en el que constan víctimas pertenecientes a la comunidad universitaria que fueron identificadas en el transcurso del juicio.        

Este 24 de marzo las y los invitamos a seguir reflexionando sobre los hechos sufridos por la sociedad argentina y la comunidad pampeana, para que posicionados en este momento de la historia, miremos al futuro con un fuerte compromiso hacia la democracia y el respeto de los derechos humanos.

“Porque sabemos la verdad, hacemos memoria y exigimos justicia”

 (Informe redactado por el Programa Académico Institucional de Derechos Humanos de Rectorado de la UNLPam)