La UNLPam cuenta, desde el año 2017, con el Protocolo de intervención institucional ante situaciones de violencia de género, acoso sexual y discriminación de género en el ámbito universitario. El mismo tiene como objetivo establecer un procedimiento para intervenir en situaciones en las que exista acoso, violencia sexual y/o discriminación de género que afecte la vida de personas de la comunidad universitaria. El Protocolo cuenta, a efectos de su funcionamiento, con dos Referentas (una abogada y otra psicóloga) y una Comisión de Intervención (CI) compuesta por 11 integrantes.
La nueva CI se conformó en junio de 2021. A partir de entonces se realizaron reuniones periódicas para organizar la agenda de trabajo. En los primeros encuentros con las Referentas y la asesora legal de la UNLPam nos aportaron información sobre la dinámica de trabajo y las intervenciones realizadas por la CI anterior que sirvió de insumo para la elaboración del informe anual presentado al Consejo Superior en el mes de agosto. En este sentido, consideramos es importante valorar y dar continuidad a lo actuado por la CI saliente y reiterar el compromiso de seguir trabajando para garantizar el derecho a una vida libre de violencias.
En este breve lapso de trabajo se intervino en un caso en el que las autoridades correspondientes actuaron con celeridad, en línea con lo dictaminado por la CI y lo establecido en la Resolución N° 38/21 del Consejo Superior.
Además, se avanzó en el eje pedagógico del Protocolo, acentuando la importancia de las acciones de prevención y sensibilización con el fin de modificar comportamientos violentos y discriminatorios. Entendemos que la UNLPam es una institución educativa y formadora, por lo que es prioritario que toda la comunidad universitaria se interiorice e incorpore el Protocolo como una herramienta institucional esencial e ineludible para una mejor convivencia.
Con ese objetivo, realizamos en diciembre una ronda de visitas a las diferentes unidades académicas, Rectorado y Colegio Secundario de la UNLPam con una excelente receptividad por parte de las autoridades. Allí acordamos estrategias de trabajo en conjunto para el próximo año, tales como la intervención en las actividades de ambientación a la vida universitaria; y la de difusión de los objetivos del Protocolo entre el estudiantado, el cuerpo docente y no docente mediante acciones de capacitación y sensibilización y el; diseño y difusión de spots y cartelería en espacios estratégicos.
En este sentido, se solicitó una mayor visibilidad del Protocolo en los el sitios web oficiales de la UNLPam y de las distintas facultades que ya cuentan con un el acceso directo y visible en sus portadas. Se dispuso igualmente, un espacio físico con mobiliario y computadora para las actividades del Protocolo, con sede en la Secretaría de Bienestar Universitario, con sede en Santa Rosa, Alvear 228, 1° piso. En la sede General Pico de la UNLPam existe un espacio, que se refaccionó especialmente para el funcionamiento del Protocolo.
Consideramos que es necesario afianzar contenidos que brinda la Ley Micaela en perspectiva de género y derechos humanos, ponerlos en práctica, a fin de generar espacios libres de violencia.
Integrantes de la comisión:
Mónica Adriana MORALES (representante del claustro docente), Gina Paola RODRÍGUEZ (representante del Programa Académico Institucional de Derechos Humanos de la UNLPam), Elizabeth ROSSI y Berenice BECHER (representantes del claustro de estudiantes), Mónica Marcela MOLINA (representante del sector no docente), Érica MONTAÑA (representante del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Géneros de la Facultad de Ciencias Humanas), María Belén CABALLERO BAEZ (representante del claustro graduados), Miriam GERMAN y Rocío Guadalupe SANCHEZ (representantes de la Cátedra Extracurricular de ESI y DDRR y no RR), Paloma GALMES (representante del Observatorio de Derechos Humanos de la FCEyJ).
